Las transformaciones políticas de nuestro país y Latinoamérica deja planteado un escenario en el que se presenta una oportunidad para las fuerzas progresistas en la medida en que logren identificar su proyecto con la radicalización y profundización de la democracia, en el sentido de extender las luchas democráticas por la libertad y la igualdad a un rango más amplio de relaciones sociales.  

La agenda y la programática de la izquierda y centroizquierda deberían incorporar y revalorizar ciertos temas cruciales para el desarrollo democrático. Uno de ellos es la superación del cesarismo (entendido como la práctica política que se organiza verticalmente alrededor de un líder que, desde el poder del Estado, ve en las instituciones democráticas un obstáculo a superar) promoviendo una nueva cultura política que desmonte la influencia que la concepción delegativa, en palabras de Guillermo O´Donnell, tiene en nuestras sociedades. Para ello, se deben trazar políticas públicas de una fuerte reconstrucción de ciudadanía en el presente para impulsar el surgimiento de una nueva esfera pública donde las relaciones de poder, la estructura del estado, de la justicia y las organizaciones de la sociedad civil, se democraticen.  

Una democracia cuya agenda no sólo haga hincapié en las reglas de juego, sino también en la igualdad social, económica y política de todas las personas; una verdadera democracia sustantiva y participativa debe contemplar herramientas claves como el acceso a la información pública,  rendición de cuentas y transparencia de los presupuestos, democratización de los medios de comunicación, y, principalmente, mayor inclusión y participación. 

Desde el Estado, se debe apuntar a desarrollar políticas destinadas a reparar los desniveles estructurales, tratando de reconocer y resguardar las diferencias culturales dentro del universalismo de los derechos humanos; único modo de alcanzar una sociedad más igualitaria de hecho. Desde la sociedad, se deben gestar los consensos democráticos que permitan la integración social y un desarrollo equilibrado. 

Una nueva etapa necesita que las relaciones Estado-sociedad se fortalezcan sobre estos valores comunes, hacia la reconstrucción de la ciudadanía plena. En este sentido es que se vuelve prioritario fomentar las prácticas que buscan alternativas innovadoras en estas relaciones. La participación en la cosa pública es la dinámica que puede empujar la profundización y extensión del acuerdo democrático y de la condición ciudadana, una forma de generar compromiso y pertenencia. Ese sentimiento de pertenencia se funda en lo compartido, en la vivencia del quehacer social como producto de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, reconociendo el peso de las tradiciones y apostando fuertemente a la innovación. 

De allí la importancia de la participación para la construcción de ciudadanía como tema central de la agenda social. Para lograr los consensos necesarios de una política de estado que avance en la articulación de los derechos humanos y la justicia social, en el ejercicio pleno de la democracia, y ser capaces de construir una mayoría que aporte a la profundización del proceso de cambio. 

Plantear un camino de construcción que es político, pero también social y cultural, promoviendo una estrategia de compromisos que repercuta en el funcionamiento institucional. Una sociedad debe impulsar a sus miembros a buscar por todos los medios el máximo de felicidad posible. Y debe garantizarle a todos, a través del estado, el mínimo de justicia.